Ni culpables ni inocentes, pero justificadamente presos

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Ver a un ex presidente y su esposa ingresar a prisión no es, en modo alguno, un espectáculo que deba repetirse. El caso de Ollanta y Nadine es singular porque ingresaron a la política hace un poco más de una década, gobernaron cinco y hoy empiezan el período más duro de sus vidas: enfrentar 18 meses de prisión preventiva. ¿Es esto consecuencia del abuso de poder, como ha dicho el ex presidente o hay inexistencia de pruebas, como dice la ex primera dama?

Según la sustentación del Fiscal Germán Juárez Atoche y según lo confirmado por el Juez Richard Concepción Carhuancho, hay 35 elementos de convicción para el caso de la primera dama y 22 para el caso del ex presidente, que parecen más que suficientes para tomar la medida dictada por el Poder Judicial. No existe abuso de poder y mucho menos invención de pruebas.

Richard Concepción detalló los tres presupuestos para la prisión preventiva que no son una sentencia judicial ni una resolución de culpabilidad sino una medida de protección y garantía frente a un riesgo de fuga u obstrucción a la justicia. El primero es que hay evidencia de la realización de acciones destinadas a lavar activos valiéndose de un partido político que supuestamente tuvo aportes que en realidad son “fantasmas” y usó dinero tanto proveniente de Venezuela como de Brasil, en este último caso de las cuentas de Operaciones Estructuradas que Marcelo Odebrecht utilizaba para pagar coimas. El segundo que la pena a aplicarse sería mayor a los 4 años y por lo tanto cabe la prisión preventiva. Y, finalmente, que en el caso de Humala no fue a la citación del Fiscal de lavado de activos, intentó una transferencia de un inmueble a sus hijas e intentó comprar testigos en el caso Madre Mía. Esas razones concluyeron en que “existe un alto grado de que eluda la acción de la justicia y perturbe la acción probatoria”. En el caso de Nadine, consideró que mentir sobre la autoría de las agendas, falsear su grafía cuando le fue requerida, simular contratos de trabajo con empresas para justificar sus ingresos, entre una relación mayor de acciones, evidenciaban una manifiesta voluntad de perjudicar la acción de la fiscalía.

Sobre esta prisión preventiva se ha dicho mucho. Que es excesiva, que es injusta, que es abusiva y que, finalmente, regresará como un bumerang, beneficiando políticamente a los detenidos. Pienso, todo lo contrario. Creo que se ajusta a derecho, es proporcional, es justa, es equitativa y lejos de ser un abuso, representa, en buena cuenta, un necesario inicio del ajuste de cuentas a quienes durante mucho tiempo usaron su poder para hacer tropelías e impulsar despropósitos. Falta, por cierto, concretar una docena de evidencias para iniciar otros juicios pendientes de los que no deberían escaparse. También será necesario que la opinión pública conozca a todos los que sirvieron ayudaron desde los medios, desde los estudios de abogados y desde las consultoras, distrayendo y confundiendo.

Es importante señalar lo ocurrido horas después del dictamen del Juez Richard Concepción. Ahora se sabe que La Cancillería peruana ordenó a sus funcionarios diplomáticos no asistir a la embajada de Francia por el Día Nacional de ese país, el 14 de julio. Había un plan de fuga vía el asilo político. Y eso, aunque fue desmentido por la Embajada Francesa, terminó en la sustitución del Embajador a las pocas horas. La prisión preventiva, como ven, estuvo y está plenamente justificada. Hay elementos más que suficientes que están en el expediente judicial y que deberían concluir en una acusación fiscal, el inicio del juicio oral y la sentencia. Por lo pronto no son culpables ni inocentes, pero sí están justificadamente presos.